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El Gobierno ya puede cerrar webs sin autorización judicial: aprobada la nueva Ley de Propiedad Intelectual

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El día que temíamos ha llegado: el Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual permitirá el cierre de páginas web que incumplan reiteradamente esa ley, y sin la necesidad de que haya autorización judicial de por medio. Esto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la división de poderes y hasta qué punto es lícito cerrar una web, aunque esté facilitando la piratería, sin que sea un juez quien lo dictamine.

El Gobierno podrá cerrar páginas web sin decisión judicial
Este texto actualiza el decreto ley aprobado por el gobierno del PP para actualizarlo a la normativa europea, que en este caso no va a poder salvarnos. El artículo 195 de esta reforma contiene una modificación pactada por PP, PSOE y Ciudadanos que permitirá el cierre de páginas sin que sea un juez quien lo decida. Esto es debido a que actualmente casi siempre los jueces determinan que una página no ha de cerrarse, lo cual no gusta a las multinacionales.

En lugar de un juez, será la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (conocida como la Comisión Sinde) la que determinará si una web deberá ser o no cerrada. Sí, será un órgano ejecutivo y no judicial quien tome la decisión, lo cual atenta contra la división de poderes que está dispuesta en la Constitución Española, además de contra el artículo 20 sobre los derechos de libertad de expresión. Hasta ahora era un juez el que decidía en el caso de que el cierre de una web atentara contra la libertad de expresión.
Bajo esta nueva ley se podrán cerrar cualquier tipo de páginas web si cumplen determinados criterios. Por ejemplo, suponed un foro en el que un usuario comparta un enlace a una web pirata. La Comisión puede pedir la retirada de los enlaces, y el moderador retirarlos, pero el usuario puede volver a subir otros. Esto también puede aplicarse a la propia Google, que enlaza a contenido pirata en su buscador, o a cualquier página de descargas. En el caso de no retirar los enlaces, se enfrentan a una multa de hasta 600.000 euros o al cierre de la web, convirtiendo la comisión casi en una mafia que opera mediante mordidas.
Así, esto cuenta como reanudación, y se puede decir cerrar ese foro sin que sea un juez quien lo decida, ya que la ley establece claramente que se prescindirá del juez en los casos donde se incumpla por dos veces una petición de retirada de contenido declarado como infractor. La comisión será la que decida si se está dando una reiteración o cuándo es una reanudación de infracción, decidiendo ellos cuándo es o no grave y aplicar el mecanismo que les permite saltarse el control judicial. Desde que entró en funcionamiento la Ley Sinde en 2012 se han cerrado 99 páginas web de descarga y enlaces.

Desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) han alertado de que este hecho “aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial sólo por el hecho de que un sujeto la hubiera incumplido anteriormente”, acabando con la presunción de inocencia. Además, añaden que la actual LPI ya ofrece garantías a los creadores de contenido, por lo que realizar esta modificación es algo totalmente innecesario.


Con esta modificación, se acorta significativamente el tiempo necesario para cerrar una web, que con la ley anterior podía extenderse hasta dos años.

La UE también va a favorecer el cierre de enlaces con el artículo 13 de la Directiva de Copyright

A esta nueva ley hay que sumarle el artículo 13 de la Directiva de Copyright de la Unión Europea, que pretende censurar enlaces y contenido mediante algoritmos, que posteriormente serán revisados por humanos para determinar si es o no cierto.


En cuanto a la SGAE, también se han introducido nuevos cambios para evitar casos como el de La Rueda, obligando a nombrar a terceros independientes como miembros del organismo de control si la cifra de lo recaudado al año supera los 100 millones de euros. También se evitará la concentración de poder en pocos miembros.


Ahora que ya está aprobado el informe, pasará a ser tramitado en el Senado. Podemos ha sido el único de los cuatro partidos que ha votado en contra.

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